No a LOMCE, No a Mariano Rajoy y No al Partido Popular
El Partido Popular pretende gobernar este país sin modificar ni una sola de las leyes que impuso a la sociedad española. No escuchó entonces, no escuchará ahora.
Han pasado casi 3 años desde que el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley de educación, LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), con los únicos apoyos de su partido. Es más, sólo UPN, que se presenta en coalición con el PP, se abstuvo, los demás votaron en contra. La imagen más clara de la incapacidad del PP de escuchar, no hablemos ya de alcanzar algún tipo acuerdo. Con la Ley Wert el PP mostró su verdadera cara, su incapacidad de trabajar en la búsqueda de consensos en temas tan sensibles y delicados como la educación de la infancia y adolescencia.
Muchos son los aspectos controvertidos de la LOMCE,
La vuelta de la reválida, una prueba que corrigen profesores externos al centro que no tienen porque ser funcionarios
La asignatura de religión, que cobra peso y cuenta para poder acceder a las becas
Asignaturas como Filosofía, Arte y Música pierden importancia y peso en el curriculum académico.
La pluralidad lingüística de nuestro país no tiene un reflejo adecuado en la ley.
Más financiación para centros concertados, no sólo mediante la cesión de suelo público, sino también financiando escuelas que segregan por sexo.
Y muchas otras cuestiones que hicieron que la séptima ley de educación de la democracia fuera una ley de partido, una ley que sólo satisface al Partido Popular. Uno de los aspectos de la ley que más preocupa a la comunidad educativa en estas fechas, es la elección de directores de los centros.
La LOMCE que introduce requisitos de mérito y capacidad para poder optar la dirección de un centro, algo que nos parece bien, hace sin embargo una distinción entre centros públicos y concertados. Con buen criterio, en estos últimos, la elección del director requiere un informe del Consejo Escolar del centro, que será adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, que la ley considera que es positivo para los centros concertados que en la elección de director participen la comunidad educativa y por supuesto las familias. Sin embargo, la misma ley establece que en el caso de los centros públicos será la Administración quien seleccione al director, sin que el consejo escolar sea determinante. Así pues, para la elección del director en un centro público se crea una comisión de evaluación de 5 miembros, uno del consejo escolar, otro del claustro y 3 representantes de la administración autonómica, siendo estos 3 últimos los que ostentan el mayor peso en la decisión final.
Esta fórmula de selección de directores ha supuesto en Madrid que 20 directores que contaban con todo el apoyo y confianza de la comunidad educativa no serán los directores en el curso escolar que se abre en septiembre. Una confianza en un proyecto educativo que contaba con el apoyo del consejo escolar, donde están representados los Padres y Madres de alumnos y el Ayuntamiento; y el apoyo, también, del Claustro, donde están representados los docentes.
Dos efectos se han derivado de la elección de directores para el próximo curso, el primero es que aquellos candidatos que se han significado más por su compromiso con la escuela pública no serán directores en los centros educativos de Madrid. El segundo efecto, es que se ha producido una vulneración del principio de libertad de elección; a estas alturas de año, los alumnos ya han sido matriculados, los padres han matriculado a sus hijos confiando en la continuidad de un proyecto educativo concreto. Que en este momento se sustituya un proyecto educativo por otro, genera indefensión y una diferencia injustificable entre escuela pública y escuelas privadas sostenidas con fondos públicos.
